De aquí que existen innumerables retos para aquellos profesionales dedicados al diseño de estrategias de desarrollo así como a la investigación de problemas sectoriales específicos vinculados competencias pendientes de adquirir por la economía y sociedad dominicanas para abrirse espacios ventajosos en los mercados internacionales.
Efectivamente, el cumplimiento del marco legal por parte de los gobiernos es un aspecto nodal del desarrollo local que engendra incertidumbres a inversionistas locales e internacionales, constituyéndose en explicación, al menos, parcial de lo especialmente caro que resulta el país y por consiguiente relativamente poco competitivo.
El incumplimiento de las leyes conjuntamente con la debilidad de las organizaciones gubernamentales entorpece la competencia entre las firmas, generalizando un comportamiento empresarial contrario al espíritu del funcionamiento de los mercados competitivos. En este ambiente no queda tiempo para dedicar recursos a investigación y desarrollo porque la competencia no se libra en este plano, por lo que las firmas locales tiene serios impedimentos para competir.
Esta práctica tiene su origen en la articulación de un sistema partidario con estrechas relaciones con los gremios empresariales y otros actores políticos relevantes matizado por el incumplimiento de la constitución y las leyes cuestionando esencialmente el funcionamiento de la democracia dominicana y su modelo de mercado. La falta de transparencia en la gestión pública (que contribuye a la corrupción) debilita el marco institucional crea una contradicción entre la democracia y el modelo económico que lo sustenta: la libre empresa.
Indudablemente que para evitar un deterioro progresivo en el funcionamiento de la sociedad dominicana es ineludible la creación de proyectos de investigación que profundicen científicamente en la problemática nacional, fijando su atención en los elementos fundamentales que obstaculizan la reducción sustancial de los principales problemas del país, tales como la pobreza, el desempleo, la concentración del ingreso, la falta de competencia en los sectores exportadores, la falta de educación, entre otros.
Este es el fundamento para que la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) apoye la conformación de grupos de investigación, cuyo objetivo sea el de impulsar investigaciones en el ámbito jurídico, social y económico que apoyen el desarrollo de la sociedad dominicana sin inclinaciones políticas que no sea el bienestar de todos los dominicanos.
Objetivos del Grupo de Investigación
La Facultad de Ciencias Jurídicas de la UASD, por Resolución de su Consejo Técnico, posteriormente sometido a la consideración y aprobado por la Dirección de Investigaciones Científicas (DIC) creó un grupo multidisciplinario de profesores que se dedicarán a la investigarán diversos aspectos de la vida jurídica, social y económica de la sociedad dominicana.
El objetivo central de este proyecto se orienta a la creación de conocimientos en las áreas mencionadas que permitan racionalizar las políticas públicas. De manera que en el marco de las organizaciones públicas (ministerios, gobiernos locales y organizaciones descentralizadas) se enfatizará en el rol regulador del gobierno en los diferentes mercados. El gobierno dominicano tiene varias superintendencias dedicadas a regular varios mercados (tales como las de comunicaciones, bancos, seguros, transporte, electricidad, entre otras), pero se desconoce la efectividad cuantitativa de su intervención y como han contribuido a elevar la eficiencia de esas organizaciones públicas. Se tienen informaciones generales sobre la ejecución presupuestaria de los ayuntamientos, sin embargo se tiene poca información sobre la efectividad de sus ejecutorias.
Por otro lado, se dedicará a trabajar con las informaciones y los análisis publicados por organizaciones del sector público sobre el comportamiento de la economía dominicana (Ministerios de Economía y de Hacienda, así como el Banco Central). Sin embargo, durante años los datos fundamentales para el análisis de las políticas públicas han sido responsabilidad del Banco Central; no obstante en aras de alcanzar transparencia y efectividad en la ejecución de las políticas monetarias y fiscales, los bancos centrales se eximen modernamente en producir datos estadísticos que luego se utilizan en su programación monetaria.
Todavía en la República Dominicana, el banco central juega ese doble rol y tal vez (juez y parte) por eso produce un sentimiento generalizado de desconfianza en los análisis y cifras que publica sobre la evolución de la economía. Por lo que se han hecho públicas innúmeras quejas acerca de la realidad que reflejan esas cifras, cuyos protagonistas son de índoles diversas, que incluyen al propio gobierno, así como el sector privado, las universidades y el público general.
Este grupo de investigadores se ocuparía del seguimiento a la evolución de la economía dominicana, poniendo especial énfasis en la consistencia de las políticas públicas. Con lo cual contrarrestaría parcialmente el sesgo de las publicaciones oficiales que tienden a favorecer políticamente las ejecutorias del gobierno. En este sentido, se publicarían regularmente análisis de coyuntura a fin de orientar las decisiones empresariales tanto locales como internacionales sobre la marcha real de la economía dominicana.
De la misma manera, se ocupará de la evolución de las políticas públicas en las áreas fiscal, monetaria, cambiaria, de recursos naturales, entre otras. Dedicará esfuerzos en la determinación de la influencia que tiene la evolución de la economía internacional sobre la economía dominicana.
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